El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una reforma para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, beneficiando a más de 25 mil niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, enviada al Congreso local, es la más estricta del país e impide a los deudores ocupar cargos públicos, obtener licencias de conducir y tramitar permisos de transporte, además de informar a futuros cónyuges si su pareja tiene adeudos.
De acuerdo con la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, el Banavim registró más de 10 mil deudores alimentarios en Michoacán entre 2021 y 2024. La reforma modifica 50 artículos de 13 leyes y dos códigos estatales, estableciendo sanciones más severas: prisión de tres a cinco años y multas equivalentes a entre 100 y 400 días de salario.
Durante la presentación, participaron funcionarios estatales como la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, y el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández. Con esta reforma, el gobierno busca garantizar que las personas deudoras enfrenten consecuencias legales y administrativas que los obliguen a cumplir con sus responsabilidades.