Vecinos del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio interpusieron una serie de amparos para detener la construcción de las torres del teleférico, ubicadas cerca de este importante pulmón verde de la región. En respuesta, Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán, y Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación, se comprometieron a demostrar que el proyecto no generaría impacto ambiental ni afectaría los mantos acuíferos de la zona.
Sin embargo, meses después y tras el fallo a favor de los amparos, los funcionarios no lograron presentar evidencia que desmintiera las afectaciones ambientales que la obra podría causar no solo en Uruapan, sino en toda la región. Los mantos acuíferos, que abastecen de agua a miles de familias, están en riesgo debido a la ubicación de las torres de concreto.
El proyecto del teleférico, que se plantea replicar en otros municipios del estado, se ha caracterizado por su opacidad. Su costo supera al de otros teleféricos, como los de la Ciudad de México, y hasta el momento no ha habido transparencia en el gasto ejercido. Además, las autoridades se han negado a presentar estudios de impacto ambiental que respalden la viabilidad de la obra.
A pesar de las protestas vecinales, las denuncias de daño ambiental y las presuntas violaciones a derechos fundamentales, la construcción del teleférico continúa. La obra tiene como fecha de inauguración el próximo mes de octubre, ignorando las afectaciones sociales y ambientales que ha causado, incluida la muerte de un abogado que se oponía al proyecto.