Durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y en su segunda etapa bajo Claudia Sheinbaum, una persona ha sido víctima de desaparición forzada cada cinco días en México, según datos de la Secretaría de Gobernación. Del 1 de diciembre de 2018 al 13 de abril de 2025, se han registrado 519 casos: 461 en la gestión de López Obrador y 58 bajo el inicio del mandato de Sheinbaum.
Los estados con mayor incidencia de este delito son Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, que concentran el 62.2% de los casos reportados. Estas entidades se ubican entre las más violentas del país y comparten una característica política: todas están gobernadas por autoridades emanadas del partido Morena.
A pesar de las cifras y de las alertas emitidas por organismos internacionales como la ONU, el gobierno federal ha minimizado el problema y negado las advertencias sobre la persistencia de desapariciones forzadas en territorio mexicano. El contraste con administraciones anteriores es notable: durante el sexenio de Felipe Calderón se reportaron 81 casos, mientras que con Enrique Peña Nieto la cifra subió a 119.
Sin embargo, el repunte en el actual gobierno es alarmante. Solo Sinaloa ha registrado 96 víctimas, seguido de Tamaulipas (69), Sonora (64), y Zacatecas (37). Aunque el perfil de las víctimas sigue siendo predominantemente masculino —al igual que en gobiernos anteriores—, la magnitud y concentración de los casos bajo la 4T refleja una crisis en materia de derechos humanos que continúa sin ser plenamente atendida.